CDMX, MÉXICO.- La ampliación de mandato de Jaime Bonilla en la gubernatura de Baja California fue calificada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) como un acto autoritario y de traición a la ciudadanía. A petición del PAN, los consejeros cuestionaron la modificación constitucional que determina ampliar la gubernatura de dos a cinco años; y la consulta ciudadana que pretende realizar el Congreso del estado para concretar esta ampliación de mandato.
Los consejeros consideraron estas disposiciones un mal precedente que colocan en riesgo los avances que se han logrado con la democrática; por lo que confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impida que se concrete este atraco al orden democrático constitucional. El consejero Ciro Murayama consideró que la situación que acontece en Baja California es una muestra clara de autoritarismo y el más grave que haya visto hasta ahora, en lo que consideró es un intento de prescindir de elecciones.
«Se pretende atropellar la voluntad popular y extender el mandato sin la expresión de la soberanía. Eso se llama autoritarismo y abuso de poder. México no se merece los atropellos que se están fraguando hoy en Baja California y los bajacalifornianos tampoco”, dijo .
En tanto que el consejero Marco Baños cuestionó que el gobernador electo busque mantenerse en el cargo por más tiempo del que fue electo y aseguró que esta es una forma de reelegirse que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Ante ello, consideró que si Bonilla pretendía o aspiraba a un cargo de más de un año ocho meses para el que finalmente fue electo por la ciudadanía, no debió postularse ya que desde 2014 era claro el periodo de duración de este mandato.
“Casi es una vía de reelección por los hechos. Y los gobernadores no pueden hacer eso. Si a Bonilla no le gustaban el año ocho meses, se debió haber esperado para participar en la que sigue, por seis, así de sencillo es el tema”, sentenció. Por su parte, la consejera Pamela San Martín lamentó el constituyente incluso promueva una “consulta” que contraviene la propia ley y que representa una afrenta contra los ciudadanos que votaron para que Bonilla gobernara por un periodo de dos años y no más.
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